Organización del Modelo de Seguridad Interior en la Junta de Andalucía según el Decreto 171/2020, destacando sus diferentes niveles y estructuras operativas.
El modelo de Seguridad Interior de la Junta de Andalucía, regulado por el Decreto 171/2020, de 13 de octubre, representa un marco normativo y organizativo integral para proteger los activos, el personal y los servicios esenciales de la Administración frente a riesgos intencionados. Este modelo se basa en principios de coordinación, anticipación y mejora continua, permitiendo a la Junta garantizar la seguridad de manera eficaz en un entorno complejo y en constante cambio.
El Decreto 171/2020 establece las bases para una Política de Seguridad Interior, que abarca desde la prevención hasta la reacción ante incidentes, y se alinea con los principales documentos de normalización en la materia, de forma especial con las normas ISO 31000 e ISO 27001. El modelo andaluz busca armonizar la seguridad con las mejores prácticas globales, adaptándolas a las particularidades de la estructura organizativa de la Junta de Andalucía.
El marco legal incluye referencias esenciales a normativas como la Ley 8/2011, sobre protección de infraestructuras críticas, y el Real Decreto 704/2011, que regula su implementación, la Ley 5/2014, de Seguridad Privada o el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas. Además, se considera la normativa sobre datos personales, integrando un enfoque transversal y multidimensional.
El modelo organizativo definido en el Decreto 171/2020 estructura la seguridad interior en varios niveles: corporativo, sectorial, territorial y cruzado. Cada uno desempeña un papel específico para garantizar la eficacia y la cobertura integral:
El modelo se fundamenta en una serie de principios que orientan su aplicación:
La planificación es una pieza clave en el modelo, que se concreta en una serie de planes interrelacionados:
La evaluación de riesgos desempeña un papel fundamental, garantizando que las decisiones se basen en análisis rigurosos que evalúen el impacto de los daños, la vulnerabilidad ante amenazas concretas y la probabilidad de materialización de cada riesgo. Hay que subrayar que el Decreto 171/2020 no obliga al uso de una metodología concreta de evaluación de riesgos, pero sí que establece la obligación de que sea compatible con los estándares ISO 31000 e ISO 27001, o normas que las sustituyan.
La implementación exitosa del modelo requiere personal capacitado, motivo por el cual el Comité Corporativo se encargará de evaluar periódicamente las necesidades formativas en materia de seguridad interior y, según sea necesario, comunicará esta valoración a los organismos que integran la Red Formativa de la Administración de la Junta de Andalucía.
Las entidades de la Junta de Andalucía que sean designadas como Operadores Críticos (de acuerdo con la Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011) deberán ajustar sus actividades relacionadas con la seguridad interior a las disposiciones establecidas en estas normativas. Esto implica implementar medidas específicas para proteger las infraestructuras críticas bajo su gestión. Estas entidades tienen la responsabilidad de cumplir con las condiciones y limitaciones establecidas en dichas normativas, garantizando la seguridad y resiliencia de sus infraestructuras frente a posibles riesgos intencionados. Asimismo, se deberá informar a la Secretaría General competente en materia de Interior sobre las acciones realizadas en este ámbito, facilitando el seguimiento y la coordinación a nivel administrativo para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos de protección establecidos.
Las entidades de la Junta de Andalucía responsables de la protección física de fuentes radiactivas deben ajustar sus actividades conforme a lo establecido en el Real Decreto 1308/2011 , que regula la seguridad de instalaciones y materiales nucleares y fuentes radiactivas. Además, deben cumplir con los requisitos detallados en la Instrucción IS-41 , aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear. Estas normativas exigen medidas específicas para prevenir accesos no autorizados, robos, sabotajes u otros incidentes que puedan comprometer la seguridad de las fuentes radiactivas.
Entre las obligaciones clave está garantizar la vigilancia constante, la implementación de sistemas de control de acceso y la formación del personal responsable. Asimismo, estas entidades están obligadas a informar a la Secretaría General competente en materia de Interior sobre las acciones realizadas en este ámbito, asegurando una coordinación adecuada y el cumplimiento de los estándares de protección física. Esto permite a la Junta de Andalucía mantener un control efectivo y garantizar la seguridad de recursos tan sensibles como las fuentes radiactivas.
Se aborda la seguridad TIC de forma complementaria a su enfoque principal sobre la seguridad interior, destacando los activos tecnológicos de información y comunicaciones (TIC) están sujetos a una política de seguridad específica, que fue regulada a través del Decreto 1/2011 , de 11 de enero, que establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía. No obstante, estos activos se incluyen dentro del modelo general de seguridad interior en lo que respeta a su protección en tanto que bienes materiales. No obstante, el Decreto 171 establece la integración de las funciones de seguridad TIC y seguridad interior a través de los Comités de Seguridad Interior y Seguridad TIC en las Consejerías y entidades dependientes. Estos comités garantizan la alineación entre ambas áreas de seguridad.
El modelo incluye mecanismos de supervisión y revisión periódica para garantizar su actualización frente a nuevos desafíos. El Comité Corporativo revisa el modelo al menos cada cuatro años, incorporando aprendizajes y adaptaciones a los cambios normativos y tecnológicos.
El modelo de Seguridad Interior de la Junta de Andalucía refuerza la capacidad de la Administración para prevenir, gestionar y responder a riesgos intencionados. Entre sus beneficios destacan:
El modelo de Seguridad Interior de la Junta de Andalucía constituye un ejemplo de gobernanza adaptada a las necesidades actuales, integrando tecnología, normativas y recursos humanos en un sistema coherente y funcional. Su enfoque estructurado y flexible garantiza que la Administración pueda afrontar con éxito los desafíos de seguridad en un entorno en constante evolución, protegiendo tanto a las personas como a los activos materiales e inmateriales esenciales para el desarrollo de la sociedad andaluza.
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